Abogado Concursal

Es el profesional del derecho indicado para gestionar situaciones de insolvencia, tanto de personas físicas como de empresas. Domina la normativa concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020 y Ley 16/2022), los plazos procesales y la relación con administradores concursales y juzgados mercantiles. Su función no es solo tramitar un procedimiento, sino proteger los intereses del cliente y buscar la solución legal menos gravosa posible según cada caso concreto.

Cuando ya no resulta posible atender los pagos con normalidad o se prevé que en semanas o meses no podrá hacerse. Actuar pronto suele abrir más opciones estratégicas y reducir tanto los daños patrimoniales como los riesgos legales para los administradores. La Ley Concursal establece un plazo de dos meses desde el conocimiento de la insolvencia para presentar el concurso voluntario.

Sí, en términos generales. Desde la admisión a trámite del concurso por parte del juzgado mercantil (habitualmente en un plazo de 2 a 4 semanas), se suspenden las ejecuciones individuales contra el patrimonio del deudor. Esta protección es uno de los efectos principales del procedimiento y depende del momento procesal y de las medidas cautelares que se acuerden. Por eso resulta clave plantear el procedimiento con estrategia desde el inicio.

Es una figura designada por el juzgado mercantil con funciones de supervisión, intervención o gestión según el caso. Se encarga de elaborar el inventario de bienes y la lista de acreedores, proponer medidas y velar por el correcto desarrollo del procedimiento. Tu abogado concursal coordina la respuesta jurídica y documental ante esta figura para evitar discrepancias que puedan agravar la situación.

No necesariamente. Existen concursos orientados a la continuidad cuando hay viabilidad económica, a través de la aprobación de un convenio con los acreedores o de un plan de reestructuración previo. Cuando no existe viabilidad, la liquidación ordenada permite cerrar minimizando daños y limitando responsabilidades. La decisión depende del diagnóstico inicial y de la estructura económica concreta.

El preconcurso o derecho preconcursal, regulado en el Libro Segundo de la Ley Concursal, permite comunicar al juzgado el inicio de negociaciones con los acreedores antes de llegar al concurso. Durante un plazo de hasta 3 meses se suspenden las ejecuciones y se busca un plan de reestructuración o un acuerdo extrajudicial. Es una herramienta especialmente útil para empresas con tensiones puntuales de liquidez pero viabilidad económica de fondo.

La calificación culpable implica consecuencias significativas para los administradores societarios o el deudor persona física: inhabilitación para administrar bienes ajenos durante un periodo de 2 a 15 años, pérdida de cualquier derecho que tuvieran como acreedores concursales y, en su caso, condena al pago del déficit concursal. Por ello, la defensa en la sección de calificación es uno de los aspectos más relevantes del procedimiento.

La Ley de Segunda Oportunidad es, en realidad, un mecanismo dentro del marco concursal aplicable a personas físicas y autónomos. Permite obtener el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), que cancela las deudas no satisfechas tras la liquidación. El concurso de acreedores, en cambio, es el procedimiento general que se aplica tanto a personas físicas como jurídicas. En el caso de personas físicas, ambos procedimientos están conectados.

El coste depende de la complejidad del caso, el tipo de deudor, el número de acreedores y la fase procesal. Los honorarios se fijan caso a caso con criterios fijos y cerrados, sin sorpresas. A los honorarios del despacho hay que sumar los gastos del procurador y, en su caso, los honorarios del administrador concursal designado por el juzgado. En el procedimiento especial de microempresas los costes son sensiblemente menores por la tramitación telemática.