Cancelación de deudas: cómo cancelar deudas legalmente en España

Depende de una sola cosa: si hay capacidad de pago o no.

• Problema de tesorería. Si se pueden atender las obligaciones, la salida suele estar en renegociar plazos o en una reunificación de deudas.
• Insolvencia. Si ya no se puede pagar con regularidad, la vía adecuada es la exoneración del pasivo insatisfecho de la Ley de la Segunda Oportunidad, que sí permite cancelar deudas de forma definitiva.

Elegir mal cuesta años. Por eso lo primero que determinamos es en cuál de los dos escenarios se encuentra cada cliente.

En España una deuda solo se elimina jurídicamente por cuatro causas:

• Exoneración judicial del pasivo insatisfecho
• Quita o condonación pactada con el acreedor
• Dación en pago que cubra el crédito
• Prescripción de la acción del acreedor

Cada vía tiene su perfil, su duración y su alcance, comparados en la tabla de esta página. Lo que no elimina deuda es pedir financiación nueva para tapar la anterior.

Conviene aclarar el punto de partida: un préstamo no cancela una deuda, la sustituye por otra.

• Con inclusión en ASNEF o embargos activos, la banca tradicional rara vez concede financiación.
• Las entidades que sí lo hacen suelen aplicar intereses muy altos o exigir garantía hipotecaria sobre la vivienda.
• Con capacidad de pago real, la reunificación puede tener sentido.
• En situación de insolvencia, endeudarse de nuevo empeora el escenario y puede comprometer la buena fe en un procedimiento posterior.

Antes de firmar nada, merece la pena comprobar si el caso es exonerable.

Ese es precisamente el supuesto para el que existe la Ley de la Segunda Oportunidad. No hace falta ahorro ni patrimonio. El requisito es estar en insolvencia actual o inminente y ser deudor de buena fe.

Sin bienes relevantes, el itinerario de liquidación cierra el expediente y exonera el pasivo restante. Y lo que más cambia el día a día llega antes del auto final: desde la admisión a trámite se paralizan los embargos y cesan las llamadas de recobro.

Cuatro cosas, por este orden:

• No pedir crédito nuevo para pagar el anterior.
• No ignorar ninguna notificación judicial, porque una demanda sin contestar se convierte en sentencia firme.
• Hacer una lista completa de acreedores, incluidos los préstamos familiares: esa lista es la mitad del expediente.
• Determinar si es insolvencia o tesorería, porque la solución es distinta en cada caso.

Con retenciones en nómina ya activas, se puede verificar el importe con nuestra calculadora de embargos.

La ley declara no exonerables:

• Las deudas por alimentos
• Determinadas responsabilidades derivadas de ilícitos
• Ciertas sanciones administrativas graves

El crédito público sí puede exonerarse, pero con un límite cuantitativo por cada organismo: Agencia Tributaria por un lado y Tesorería General de la Seguridad Social por otro. Tampoco desaparece la obligación del avalista, que responde por una fianza distinta.

El detalle está en nuestra guía sobre qué deudas son cancelables con la Ley de Segunda Oportunidad.

La exoneración alcanza a la práctica totalidad del pasivo ordinario: préstamos, tarjetas, microcréditos, deudas con financieras, saldos de suministros y deudas comerciales.

Quedan fuera los créditos que la ley declara no exonerables, y el crédito público tiene límites cuantitativos propios. Por eso lo primero que hacemos es un mapa del pasivo: qué se cancela y qué no, antes de presentar nada.

Sí. Tener nómina no es incompatible con la insolvencia: lo determinante es si los ingresos permiten atender regularmente las obligaciones exigibles.

Muchísimos expedientes de cancelación de deudas particulares corresponden a trabajadores por cuenta ajena con embargos activos. De hecho, tener ingresos estables abre la puerta al itinerario de plan de pagos, que es el que permite conservar la vivienda habitual.

No necesariamente. En el itinerario de exoneración con plan de pagos no se liquida la masa activa, de modo que la vivienda habitual puede conservarse cuando la hipoteca está al corriente y su carga guarda proporción con el valor del inmueble.

En el itinerario de liquidación sí se realiza el patrimonio. La elección entre uno y otro se hace con números concretos sobre la mesa, y es una de las primeras cosas que decidimos junto al cliente.

La exoneración es personal del deudor, por lo que no libera automáticamente al fiador o avalista: la fianza es una obligación distinta con su propia causa y el acreedor conserva su acción contra él.

Cuando el avalista también está en situación de insolvencia, la vía habitual es plantear su propia solicitud, en ocasiones de forma coordinada. Es una cuestión que revisamos caso por caso antes de dar ningún paso.

Depende sobre todo del juzgado mercantil competente y de su carga de trabajo, que varía mucho entre territorios, y del itinerario elegido.

Lo que conviene retener: el efecto más importante para el día a día, la paralización de los embargos y del acoso de recobro, se produce desde la admisión a trámite, mucho antes de que llegue el auto final de exoneración.

Parcialmente. La normativa concursal vigente permite exonerar crédito público, pero con un límite cuantitativo por cada organismo: Agencia Tributaria por un lado y Tesorería General de la Seguridad Social por otro.

Es además una materia con jurisprudencia en evolución, así que revisamos el criterio actualizado del juzgado competente antes de fijar la estrategia. El resto de deuda pública que exceda esos límites puede fraccionarse o aplazarse por la vía administrativa.

Es una situación muy frecuente al cancelar deudas con entidades financieras. La cesión del crédito es válida y no necesita consentimiento del deudor, pero abre dos frentes: exigir la acreditación completa de la cadena de cesiones y comprobar que el importe reclamado coincide con el título original.

Además, cuando el crédito es litigioso, el Código Civil reconoce un derecho de retracto que permite extinguir la deuda reembolsando el precio realmente pagado por el comprador del crédito, con plazos muy breves.

La cancelación del reconocimiento de deuda se acredita de cuatro formas:

• Carta de pago firmada por el acreedor
• Documento de condonación expresa
• Devolución del original al deudor
• Prescripción de la acción

Si la deuda es exonerable, también puede incluirse en la solicitud judicial como cualquier otro crédito ordinario. Lo que nunca recomendamos es dar por saldada una deuda entre particulares con un acuerdo verbal: sin documento, la palabra no se prueba en un juzgado.

No, y confundirlas sale caro. La reunificación agrupa varias deudas en un único préstamo con cuota más baja: no cancela nada, alarga el plazo y en la mayoría de casos incrementa el coste total.

Tiene sentido cuando existe capacidad de pago real y el problema es de tesorería. Cuando lo que hay es insolvencia, reunificar suele retrasar dos o tres años una solución que ya estaba disponible desde el principio.

No es automático, pero sí exigible. Una vez obtenido el auto de exoneración desaparece la deuda que justificaba la inclusión en el fichero, de modo que el mantenimiento del dato deja de estar amparado y procede solicitar la baja al responsable del fichero.

Gestionamos esas comunicaciones como parte del cierre del expediente, porque de poco sirve cancelar deudas si el cliente sigue apareciendo como moroso.

Sí. El autónomo es persona física y accede al mismo mecanismo, incluso habiendo cesado en la actividad.

Es un perfil muy habitual en el despacho: deuda mixta de préstamos, proveedores, cuotas de Seguridad Social y en ocasiones avales personales del negocio. El caso de Juan Antonio, con casi trescientos mil euros de pasivo, es un ejemplo de que el volumen no es el obstáculo.

Los honorarios dependen del número de acreedores, del volumen de pasivo, de si existe patrimonio a liquidar y del itinerario procesal.

Trabajamos con precio cerrado comunicado por escrito antes de iniciar cualquier actuación, sin provisiones sorpresa durante el procedimiento. El estudio inicial de viabilidad no implica compromiso: si el caso no es viable, lo decimos y no seguimos adelante.