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En este artículo te explicamos el modelo de acuerdo extrajudicial de pagos, así como quién puede llevarlo a cabo y los pasos a seguir.

¿En qué consiste el modelo de acuerdo extrajudicial de pagos?

Entendemos el acuerdo extrajudicial de pagos como un mecanismo alternativo al concurso de acreedores para el caso de insolvencia del deudor, mediante la incorporación a la Ley Concursal.

Este acuerdo extrajudicial de pagos es el resultado de las negociaciones entre deudor y acreedor. Los objetivos principales de estas negociaciones son reducir la carga financiera y crear un calendario de pagos adaptado a la situación económica de la parte deudora. Este calendario tiene en cuenta diversas facilidades de pago como son las quitas y esperas.

¿Quién puede y quién no acogerse a dicho acuerdo?

Por un lado se pueden beneficiar todos aquellos particulares que prevean que no podrán pagar regularmente sus cuotas, siempre que la estimación inicial del pasivo no supere los 5 millones de euros.

En el caso de autónomos y empresas también pueden acogerse a este proceso. Si el deudor es persona natural empresario deberá aportar el balance de sus cuentas. Si hablamos de personas jurídicas, sean o no sociedades de capital, y se encuentren en situación de insolvencia, también podrán beneficiarse de esta.

Por el contrario, no se podrán acoger a este proceso aquellos que:

  • Hayan sido condenados en sentencia firme por un delito contra patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso.
  • En los últimos 5 años hayan alcanzado un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores habiendo obtenido la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación o habiendo sido declaradas en concurso de acreedores.
  • Se encuentren negociando con sus acreedores un acuerdo de refinanciación o con solicitud de concurso admitida a trámite.
  • Sean entidades aseguradoras o reaseguradoras.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

  1. Primeramente, la entidad deudora deberá solicitar el nombramiento de un mediador concursal, que gestionará toda la documentación y encarrilará las negociaciones con el fin de llegar a un acuerdo. Si el deudor es una persona jurídica, tiene la competencia de decidir sobre la solicitud del órgano administrativo o el liquidador. En caso de que el deudor sea un particular, la solicitud para solicitar este mediador concursal, deberá presentarse a un notario del domicilio del deudor. Si por el contrario, es una empresa u otra entidad inscribible, la designación la realizará el Registrador Mercantil del domicilio del deudor. Si hablamos de personas jurídicas o autónomos, también pueden presentar esta solicitud en la Cámara correspondiente.
  2. Una vez asignado el mediador concursal, se procederá a la negociación de las nuevas condiciones de pago. La convocatoria de la reunión entre ambas partes se realizará por vía notarial o por cualquier medio de comunicación que asegure su recepción.
  3. Durante el plazo destinado a la negociación se suspenderán los devengos de los intereses. En un plazo de 20 días a la fecha prevista de la reunión, el mediador concursal remitirá una propuesta de la parte deudora de acuerdo extrajudicial de pagos. Esta propuesta incluirá un plan de pagos detallado y un plan de viabilidad. conteniendo además una propuesta de cumplimiento regular de las nuevas obligaciones, fijando una cantidad de alimentos para deudor y familia, y de la actividad profesional que desarrollará. También estará incluida una copia del acuerdo de aplazamiento de los créditos de derecho público.
  4. A partir de aquí, la entidad acreedora tiene 10 días para proponer soluciones alternativas y modificaciones en la propuesta inicial.
  5. Pasado este plazo, el mediador concursal hará llegar a los acreedores el plan de pagos y de viabilidad final aceptado por el deudor.

¿Cómo es el modelo acuerdo extrajudicial de pagos?

La solicitud se realiza mediante un formulario normalizado en el que se incluye:

  • Inventario del efectivo y activos líquidos de los que se dispone.
  • Bienes y derechos en los que es titular.
  • Previsión de ingresos regulares.
  • Listado de acreedores con su identidad, domicilio, dirección electrónica, la cantidad y el vencimiento de cada crédito con la relación de contratos vigentes y los gastos previstos por mes.
  • Los titulares de préstamos y créditos con garantía real o de derecho público.
  • Si el deudor está casado y es copropietario de una vivienda familiar, ambos deberán realizar la solicitud, o uno con el consentimiento del otro.

¿Qué es la Ley de la Segunda Oportunidad?

La Ley de la Segunda Oportunidad aparece recogida en el BOE, y regulada por la Ley 25/2015. Esta tiene como objetivo ayudar a familias, autónomos y empresas que se encuentran en una situación financiera de insolvencia que les impide continuar pagando sus deudas con normalidad.

Esta ley dispone en una primera fase que deudor y acreedor renegocien las condiciones de estas deudas a fin de lograr un acuerdo extrajudicial de pagos. Si estas negociaciones fueran infructuosas, se procedería a la segunda fase. En esta, el deudor puede acogerse al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Esta exoneración se traduce en la cancelación, parcial o total, de la deuda que no ha podido cubrirse tras liquidar el patrimonio del deudor.