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Con la llegada de esta nueva ley, el concurso de acreedores se ha convertido en una herramienta para evitar la anulación completa para futuros servicios financieros.

Ley Concursal: Noticias jurídicas

Cuando una persona adquiría deudas con bancos y otras entidades, se le planteaban una serie de importantes problemas a nivel económico. Debido a la Ley Concursal, era imposible que alguien pudiera reducir su insolvencia y, cuando realizaba un concurso de acreedores, el procedimiento abocaba siempre a la disolución de la persona jurídica.

ley de segunda oportunidad

Al desaparecer esta figura, las deudas adquiridas desaparecían dado que no había una “persona” que responsable de su pago. Pero, ¿qué ocurría con las personas físicas? Estas figuras no desaparecen, no se pueden extinguir, por lo que al contraer una deuda era casi imposible conseguir un acuerdo mediante el cual se pudiera reducir o perdonar la deuda con el fin de perder el estatus de deudor.

Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad llegó a España en el verano de 2015 y puso sobre la mesa una serie de mecanismos que ayudan a que las personas físicas endeudadas puedan tener un buen futuro. Ahora es posible liberarse de las deudas, permitiendo así poder solicitar un nuevo crédito o dar comienzo a una nueva actividad a nivel empresarial, y todo gracias a las facilidades que supone en este sentido la realización del concurso de acreedores persona física.

La finalidad de esta no tan nueva ley es que los deudores de buena fe puedan proceder al concurso de acreedores de personas físicas para deshacerse de las deudas contraídas, siempre y cuando logren demostrar que están en situación de insolvencia. En estos procedimientos, el individuo en cuestión tiene la obligación de haber intentando la negociación de la deuda con sus acreedores, de no haber realizado delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad social en la última década y de demostrar que no ha sido declarado culpable en dicho concurso.

También, y como parte absolutamente obligatoria en este proceso, se debe hacer un seguimiento riguroso de cualquier gasto, por pequeño que sea, con el fin de comprobar y poder afirmar que, efectivamente, la persona física está en situación de insolvencia. Un punto que, para muchos, no resulta de mucho agrado.

¿Qué es el concursos de acreedores para personas físicas?

Es un procedimiento judicial que permite a las personas físicas disminuir el agobio sobre su situación financiera a través de una reestructuración o incluso eliminación de la deuda. En la práctica supone una «suspensión de pagos» o una «declaración de quiebra» que permite a la persona agobiada con sus deudas corregir una situación complicada y tener una «segunda oportunidad».

Si se cumplen todos estos aspectos, el concurso de acreedores para persona física permite la liberación total de la deuda, así como la extinción de la misma. En este sentido, se puede proceder de dos formas distintas: en caso de insolvencia total, se erradican por completo todas las deudas y se cancelan; en caso de no ser plenamente insolvente, se establece un sistema de pagos mensuales con el fin de acabar con el dinero pendiente en un plazo máximo de 5 años.

Para más información de los procedimientos concursales o de la declaración de concurso puede consultar el BOE o contactar con abogados expertos en deudas.

Declaración de insolvencia de personas físicas

Declararse insolvente significa poner en manifiesto a los acreedores la imposibilidad de pagar las deudas contraídas. Debe demostrarse que no es posible pagar. Se reconocen dos situaciones: que el pasivo (deudas) supere el activo (bienes); o la imposibilidad de disponer de liquidez necesaria, pero sí activo suficiente para cubrir el pasivo.

Esto es la fase previa para que se pueda acoger a la Ley de Segunda Oportunidad, que mediante el procedimiento concursal llevado ante juicio, la persona puede ver sus deudas canceladas definitivamente, sin tener que pedir más financiación externa y endeudarse aún más. Estas posibilidades son algo que ha llegado gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad. Anteriormente, era imposible proceder con este tipo de concurso y llegar a un acuerdo interesante para el deudor, algo que daba pie a numerosas situaciones en las que los pagos se acumulaban hasta el punto de alcanzar la asfixia económica. Además de imposibilitar la solicitud de créditos a posteriori y demás servicios de tipo bancario/financiero.

La clasificación de créditos en el procedimiento concursal

  1. Créditos Privilegiados: son los que, en el orden de preferencia legal previsto cuando hay concurrencia de créditos, gozan de prioridad para ser satisfechos con cargo al activo del deudor común.
  2. Créditos subordinados: aquellos que para ser liquidados requieren la previa satisfacción de los privilegiados y de los ordinarios. Este tipo de créditos no cuentan para la aprobación del convenio, ni tampoco se incluyen en la junta de acreedores
  3. Créditos Públicos: es la capacidad que tiene el estado para obtener, otorgar o garantizar recursos financieros a través de operaciones de endeudamiento.
  4. Créditos ordinarios aquellos que no se consideran privilegiados, públicos ni subordinados.

Ahora, es fundamental contar con el asesoramiento de un abogado o cualquier profesional especializado en estos procedimientos; pero al menos se tiene, como indica el propio nombre de la ley, una segunda oportunidad para seguir adelante y reducir las complicaciones. El procedimiento del concurso de acreedores personas físicas puede ser duro, sin embargo, también puede ser la única solución con la que alcanzar una situación con un mínimo de oportunidades.

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