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Debido a la crisis económica que afecta desde hace unos años a nuestro país, muchos son los particulares o autónomos, entre ellos los emprendedores, que se han visto superados por sus deudas.

Aunque no muchos lo saben, desde 2015 existe una ley a la que todas estas personas pueden acogerse, es la llamada Ley de la Segunda Oportunidad. Estas son las claves y todas las repuestas a las preguntas que puedan surgir sobre esta ley.

¿A quién va dirigida la Ley de la Segunda Oportunidad?
Esta ley pretende ayudar a todos aquellos ciudadanos particulares o trabajadores por cuenta propia, (autónomos), que por algún motivo, incluido el fracaso de su negocio, se ven inundados por deudas que en principio no pueden abarcar debido a un sobreendeudamiento financiero.
¿En qué beneficia esta Ley a los que se acojan a ella?
Antes de la aprobación de la misma, aquellas personas que tuvieran deudas, se veían obligadas a pagarlas no solo con su patrimonio presente, sino también con el futuro, incluyendo, por supuesto, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de su actividad empresarial en el caso de los emprendedores. Con esa ley, de alguna forma, se permite que esa persona sea capaz de superar esa situación y retomar su actividad.
¿Cuál es el primer paso a dar una vez se decide acogerse a esta ley?
Uno de los pasos más importantes, es intentar llegar a un acuerdo con los acreedores, esta fase se conoce como el Acuerdo Extrajudicial de Pagos. Simplemente consiste en que deudor y acreedores se sienten a hablar en presencia de un juez y ayudados por un mediador concursal intenten llegar a un acuerdo para reestructurar las deudas que por sí solo el ciudadano particular o trabajador autónomo no ha sido capaz de afrontar.
¿Qué condiciones establece la ley para el Acuerdo Extrajudicial de Pagos?

En primer lugar, el deudor puede compensar esa deuda cediendo todos los bienes que no sean necesarios para retomar su actividad empresarial.

Si esto no fuera posible, existe la opción de fraccionar la deuda y establecer un calendario de pagos, la totalidad de la deuda debe ser pagada en menos de 10 años.

Si tras los dos meses que puede durar la fase de negociación, el resultado no ha sido fructífero, el deudor, a través del mediador concursal, puede solicitar un concurso de acreedores voluntario ante el juez.

¿Qué es exactamente un concurso de acreedores?

Es un proceso judicial que pretende la posibilidad de recuperación del deudor insolvente, aunque esto suponga que los acreedores no consigan cobrar. El juez encargado del concurso decidirá si exonera al deudor de pagar parte o la totalidad de los pasivos insatisfechos. El juez, ante todo, intentará asegurar la supervivencia del negocio para que no cese la actividad económica, siempre y cuando se entienda que el deudor ha actuado “De buena fe

¿Qué se considera actuar “de buena fe”?

Aunque en principio pueda parecer un punto más que conflictivo de la ley ya que se puede considerar que la evaluación de “la buena fe” es algo subjetivo, existen ciertos puntos clave para que el legislador determine que se está actuando correctamente, estos son algunos:

  • Que no se haya mentido en ninguna parte del proceso sobre la situación de solvencia o escondido documentación necesaria.
  • Que se haya intentado llegar a un acuerdo previo con los acreedores.
  • Que no exista un proceso penal pendiente contra la Hacienda pública y la Seguridad Social. Tampoco contra los derechos de los trabajadores o contra el orden socioeconómico, entre otros.
¿Qué ocurre si a una persona se le exoneran sus deudas?
Pues en definitiva, esa persona puede comenzar de nuevo. Muchos han llegado a esa situación por motivos ajenos a su gestión, por el mero hecho de verse inmersos en una crisis económica a nivel nacional. Gente que ha acabado con un sobreendeudamiento por solicitar préstamos para conseguir una vivienda digna, ayudar a familiares, por intentar ser emprendedores o sacar adelante un negocio, todos ellos tienen una segunda oportunidad gracias a esta ley.

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