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Habrás escuchado hablar de este término en muchas ocasiones, pero ¿qué es exactamente un concurso de acreedores? ¿Qué relación guarda con la Ley de la Segunda Oportunidad? Te traemos las respuestas.

 

¿Qué es un concurso de acreedores?

Un concurso de acreedores es un procedimiento con el que toda empresa puede hacer frente a una situación extraordinaria de insolvencia y crisis actual o inminente. En estos casos. se suele solicitar este procedimiento cuando la compañía en cuestión no tiene liquidez suficiente (o prevé que no va a tenerla) para hacer frente a sus obligaciones con la frecuencia normal.

 

¿Quién y cuándo puede solicitar un concurso de acreedores?

Puede iniciar este proceso todo deudor que se encuentre en una situación económica que le impida seguir cumpliendo con todas sus obligaciones tributarias, crediticias, salarios indemnizaciones o con los pagos con la Seguridad Social, entre otros, con la frecuencia establecida.

Este mecanismo tiene como objetivo satisfacer la mayor parte de deudas como sea posible sin que ningún acreedor reciba un trato de favor sobre los demás.

 

¿Qué tipos de concursos de acreedores existen?

Existen dos métodos comunes para iniciar un concurso de acreedores:

  • Voluntariamente. Es el propio deudor, persona física o empresa, quien inicia el proceso. Es importante señalar que, si el deudor prevé una situación de insolvencia inminente, tiene la obligación de solicitar el inicio de este procedimiento.
  • Forzosamente. Se da cuando hay desavenencias en la dirección de la empresa entre varios socios y uno de ellos pide iniciar el proceso. La solicitud aquí se tramita por vía judicial, y es un juez quien decide si se debe realizar el concurso de acreedores o no.

Fases de un concurso de acreedores

El proceso para llevar a cabo este tipo de procedimiento, se divide en diversas fases:

  1. Fase común. Esta se inicia con la solicitud de concurso de acreedores, que será revisada por un juez que deberá aceptar o desestimar la solicitud. Una vez aceptada, se calcula la masa activa y pasiva de la compañía, indicando todas las deudas de la empresa y de qué tipo de deuda se trata.
  2. Fase de convenio. Se intercambian propuestas entre deudor y acreedor. En estas propuestas se contemplan una serie de quitas y esperas para reducir la carga deudora, y siempre con el objetivo de seguir manteniendo en funcionamiento la actividad de la empresa.
  3. Fase de liquidación. Esta fase puede iniciarse en cualquier momento del concurso de acreedores y también cuando no se haya llegado a ningún acuerdo. Se procede a vender los bienes del deudor a fin de cubrir la mayor parte de la deuda.
  4. Fase de calificación. En ella, se realiza una investigación de las causas por las que se ha llegado a esta situación económica y se identifican y depuran posibles responsables.

Concurso de acreedores en la Ley de la Segunda Oportunidad

El concurso de acreedores está presente en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad para particulares y autónomos también, aunque tiene diversas diferencias respecto al proceso aplicado en las empresas. En este caso, el deudor insolvente lo solicita con el inicio del procedimiento, declarándose en suspensión de pagos o en quiebra.

Como particular, el proceso se inicia firmando ante notario la solicitud para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad. En cambio, si es un autónomo o una empresa, el proceso debe hacerlo entregando la documentación necesaria ante el Registro Mercantil o la Cámara de Comercio de la localidad. A partir de aquí se nombra un mediador concursal que se encargará de hacer que las negociaciones entre deudor y acreedores resulten en un nuevo plan de pagos y un calendario que se adapten a las condiciones del primero. Esta fase es conocida como acuerdo extrajudicial de pagos, y se pretende conseguir mediante quitas y esperas, una reducción notable en las cuotas.

En caso de que no se llegara a ningún acuerdo, se procedería a solicitar el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho, entregando el requerimiento ante el juez. Esta última fase supone la cancelación del 100% de deuda en cuestión, tras haber liquidado parte o la totalidad de los bienes del deudor.

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