Se suele hablar de prescripción y de caducidad muchas veces como si se tratara de sinónimos, pero estos términos no lo son. En el ámbito administrativo y judicial presentan grandes diferencias legales.

Entre ellas hay diferencias en cuanto a los plazos que se cumplen frente a cual sea la acción realizada.

Prescripción

La prescripción es un concepto jurídico que habilita el desarrollo de un determinado procedimiento que puede extinguirse después de un cierto período de tiempo.

Hay dos tipos:

1. La prescripción adquisitiva (también conocida como usucapión) es un medio de adquirir bienes u otros derechos a través del tiempo y comprende la forma jurídica que determina el nacimiento o la constitución de un derecho a favor de un “sujeto”. Se puede dividir en:
   • Ordinaria o breve: requiere requisitos de buena voluntad y propiedad para poseer y continuar poseyendo públicamente, pacíficamente y sin interrupción.
   • Extraordinaria: es más larga que la anterior. La única condición es la posesión continua por el tiempo que establezca la ley.
2. La prescripción extintiva es un método de extinción de un derecho que se produce cuando, con el transcurso del tiempo, el titular del derecho lo pierde, y eventualmente se fija el plazo para ejercer el derecho que permanece inactivo. Es el caso de la prescripción de deudas.

Estos derechos pueden ser de cualquier clase, pero siempre son derechos subjetivos patrimoniales, es decir, los derechos para permitir el goce y disposición de algo de valor o para reclamar prestaciones de otros, dentro de los límites de la buena fe. La prescripción debe ser invocada judicialmente.

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Caducidad

La caducidad es la extinción de un derecho por no haber sido ejercido dentro del plazo establecido por la ley. Esto quiere decir que la ley pierde todo su efecto o derecho por el vencimiento de su plazo.

Tiene el efecto de extinguir automáticamente el permiso y no puede ser interrumpido ni renunciado, excepto en casos especiales.

Caducidad de acciones civiles

El derecho civil no prevé la caducidad, sino que deriva de la ley o de un acuerdo entre particulares. Indica la duración del derecho y pasado este tiempo ya no podrá ejercerse.

Sin embargo, existen algunos artículos del Código Civil que prevén la caducidad de ciertos derechos, como los artículos 689, 703, 719, 730, 1299, 1301, 1508 o 1524.

Diferencia entre prescripción y caducidad de deudas

El Tribunal Supremo español señala tres diferencias entre ellas:

• En primer lugar, el término pone un plazo a la incertidumbre sobre los derechos y si el titular del derecho renunció a su derecho (por ejemplo, si una persona debe a otra persona y no lo reclama dentro de un cierto período de tiempo, se interpreta como una renuncia a su derecho a la deuda). La caducidad, por otro lado, depende puramente de garantizar el tráfico jurídico y funciona a lo largo del tiempo.
• En segundo lugar, el deudor será quien fije la prescripción cuando el acreedor demuestre buena conducta más allá del plazo señalado. Por tanto, los tribunales nunca podrán actuar de oficio con la prescripción, sino que serán instruidos a petición de una de las partes. Esto significa que la demanda no puede iniciarse sin la necesidad de actividad del litigante y, por lo tanto, debe iniciarse una alegación. A su vez, los juzgados pueden iniciar la caducidad de oficio, por lo que el deudor no tendrá que reclamar, aunque conviene denunciar.
• Finalmente, la prescripción puede ser interrumpida en cualquier momento. Habitualmente, la caducidad no permite la interrupción, pero una vez vencido el plazo de ejercicio de dicho derecho, éste caducará automáticamente.

La principal diferencia entre los conceptos es el hecho de que el objetivo de la prescripción se trata de extinguir un derecho que el titular ha abandonado, mientras que en la caducidad se tiene un tiempo que se fija de antemano.

Prescripción de deudas en el área tributaria

¿Y qué pasa con la prescripción de una deuda, los impuestos y los reembolsos?

La Ley General Tributaria prevé en los artículos 66 y 189 lo siguiente:

• La facultad de la Administración para determinar la obligación tributaria para la liquidación correspondiente y para exigir el pago de las obligaciones tributarias liquidadas y la autoliquidación. Por tanto, el plazo de prescripción de la deuda con Hacienda es de 4 años.
• El derecho a reclamar la indemnización se deriva de lo dispuesto en cada tipo de impuesto, la devolución de ingresos indebidos y la devolución de gastos de las garantías.
• El derecho a recuperar los ingresos indebidos y reembolsar los gastos de la garantía.
• El plazo para la aplicación de sanciones tributarias.

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